El principio de necesidad de la pena en el Estado social y democrático de derecho.

A la luz de esa prefiguración constitucional del Estado, la finalidad, instrumentalización y necesidad de la pena deben condicionarse primordialmente en función del crecimiento, la reeducación y la reinserción social del penado, como ser humano. Así mismo, se cuestionan tanto la evolución como las decisiones desde el derecho internacional y la jurisprudencia nacional en lo concerniente a la imposición de sanciones penales privativas de la libertad (aunque en mi criterio debe hablarse de sanciones “restrictivas” y no “privativas” de la libertad), para establecer los límites del Estado como agente represor, y precisar las coherencias o incoherencias de nuestra política criminal y de la labor hermenéutica de los jueces en la determinación, imposición y ejecución de la pena, según sea el caso. De lo anterior deriva la importancia del principio de necesidad de la pena que ha presentado diferentes acepciones, pero que, en últimas, consiste en el diagnóstico y pronóstico de la eventual posibilidad de reiteración de la conducta delictiva, a partir del reconocimiento del sujeto individual y de sus derechos como miembro partícipe de la sociedad. Se trata, entonces, de cuestionar y proponer, desde la política criminal, y para el ejercicio hermenéutico garantista por parte de los jueces, los elementos necesarios para que la consecuencia jurídico-penal, que la mayoría de las veces deriva en la restricción de la libertad, pueda tener otras opciones y que en últimas se aplique de acuerdo con el modelo de Estado planteado en la Constitución, esto es, en sintonía con un enfoque social y democrático de derecho, en el marco del respeto de la dignidad humana.